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La Ley 7/2022, de 8 de abril, obliga a las entidades locales a establecer una tasa o prestación que financie el servicio de recogida, tratamiento y reciclado de los residuos domésticos urbanos. Esta tasa o prestación debe implementar como elemento fundamental el pago por generación de residuos, o lo que es lo mismo, quien contamina paga.
Se detallan a continuación los principales objetivos que se persiguen con la aplicación de este proceso participativo:
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